Plebiscito en tiempos de olvido para alcanzar la justicia social

Texto y foto por Carolina Ibarra Peña*
ig: @_krolito


Nunca la memoria ha estado más presente que en los tiempos del olvido. Durante más de treinta años, la institucionalidad se ha encargado de borrar las huellas de un pasado doloroso, para abrirse a una nueva forma de mirar ese presente, intentando amalgamar las fracturas por medio de la imposición de un sistema social, económico y político que permea el espacio de lo privado, dando una falsa consciencia de la vida en libertad, otorgada por la democracia. 

En este sentido, algunas de las obras y leyes de los primeros gobiernos de los años 90’ permitieron el avance de la “justicia en la medida de lo posible” en la violación de Derechos Humanos, extendiendo esta pobre reparación a otros espacios de la construcción de nuestro quehacer social. Paul Ricoeur señala que la supervivencia del recuerdo, equivale al olvido, ya que el ejercicio de la rememoración en nombre de la impotencia, pasa al olvido por la supresión y el borrado de sus huellas; es decir, le da carácter de desapercibido de la perseverancia del recuerdo, provocando la sustracción a la vigilancia de la conciencia. Así, por medio de la búsqueda de un avance sobre esta forma de reparación, se va al mismo tiempo tendiendo un velo de olvido.

Es paradójico apuntar hacia el olvido considerando que desde el retorno a la democracia, las formas en que la política se ha hecho cargo de los temas de reparación, ha sido justamente levantando y preservando sitios de memoria. Sin embargo, esta acción ha permitido borrar las huellas de la dictadura presentes en toda una estructura que ha socavado las formas de comprender la unidad social, o sea, de construir comunidad. Se profundizan de este modo las grietas, que hoy son abismos, que separan a cada uno de los que conformamos el pueblo en el alcance de una justicia social. 

En cuanto al imperativo de justicia, el deber de la memoria concierne a un problema ético, puesto que la reivindicación no se consigue por medio del establecimiento de una política que solo nombre sitios o lugares de la memoria con fines reparatorios, lo que Pierre Norá define como “la obsesión conmemorativa”, por el solo hecho de resignificar un espacio. Solo estamos amparando la construcción de una “tiranía de la memoria”.  Por lo que hoy en los tiempos del olvido, la memoria individual y colectiva, movible y constante, nos permite el ejercicio de la rememoración, ya no como un dispositivo retórico, sino como medio para la comprensión de la necesidad de la restitución de los derechos básicos esenciales de la vida en comunidad. 

Cuando repetíamos como mantra el “No son 30 pesos, son 30 años”, dábamos cuenta de una realidad política, donde los vacíos que genera la individualidad construida en dictadura, rellenaba unos de los primeros abismos para reencontrarnos en la calle. Volver nuestro espacio de lo privado al mundo de lo público y compartir los efectos de una política estatal sostenida en el tiempo, generadora de desigualdad, de injusticia y de un perdón amparado en monumentos y no en las personas. 

Durante el último mes, con el azote de una pandemia, hemos notado aún más los efectos de un Estado que ha precarizado la mayoría de la población. Y hemos sido actores de cómo las situaciones denunciadas durante la revuelta social, son hoy la base de la pulsión de un cambio constitucional, pues nos estamos viendo involucrados en una de las mayores crisis que ha tenido nuestro país en términos económicos y sociales. Derivados, no por la escasez de recursos, por ejemplo, durante la crisis de 1920, con el cierre de la mitad de las salitreras; ni empujados por un descalabro económico mayor, por ejemplo, como en la crisis económica de 1931, que totalizó el cierre de salitreras (que componían el 80% del ingreso nacional), sumado al endeudamiento realizado durante el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, escalada por la Gran Depresión de los Estados Unidos, y amplificada por el pobre manejo realizado por Alessandri durante los años anteriores, que termina su gobierno con una masacre, conocida en la Historia  como La matanza del Seguro Obrero, y con la inauguración de un estupendo Estadio Nacional. Todo esto, tuvo como consecuencia el cambio del modelo económico durante el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, en 1938, y que dotó al país de un aparataje social institucionalizado, por medio de la creación de instituciones reguladoras de la economía y redistribuidoras del ingreso nacional. Que tenían como foco, las mejoras en las condiciones de vida de los trabajadores. 

Muy por el contrario, esta pandemia ha mostrado los efectos de la política económica neoliberal, donde los trabajadores han sido los más perjudicados en un actuar desmedido de las empresas. Sin consideraciones por el resguardo al trabajo ni a los derechos de los trabajadores (seguros de cesantía, condiciones contractuales, entre otros). Donde el sistema de salud pone a prueba el contenido normativo de nuestra Constitución actual que en su Art. 1, establece que “las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho”, sin insumos, con funcionarios en condiciones de desprotección, donde las personas que quieren hacer goce de este derecho deben pagarlo para poder obtener las mejores prestaciones posible. O en el caso de la educación, donde se privilegian siempre las metas y objetivos con cumplimiento efectivo de planificaciones para la métrica y la estadística y no el bienestar de nuestros niños, niñas y jóvenes, en cualquiera de los casos que ha se han denunciado o se han socializado en los medios de comunicación y redes sociales. 

Se hace necesario recordar que todas las huellas de la injusticia están en el presente. Nuestro rol ciudadano es dotar a la huella de una dimensión semiótica, darle un valor de signo. En palabras de Ricoeur, pensar la huella como efecto presente y signo de su causa ausente, a saber, nuestra Constitución actual. 

Uno de los grandes logros de la expresión de un descontento transversal se concretó en la reforma efectuada a la Constitución  para restituir el derecho eleccionario, manifestado en el plebiscito para aprobar o rechazar la redacción de una Nueva Constitución, lo que debería haber ocurrido hoy 26 de abril de 2020. Ante la necesidad de restituir nuestros derechos básicos esenciales para la convivencia en comunidad, nuestra memoria actual, necesita mantener la consciencia, y convertir los nuevos acuerdos en una forma de sitiar la memoria. El plebiscito que nos convocará en octubre, necesariamente debe materializarse en acuerdos político-sociales justos, donde la dignidad no sea la “prestación mínima” de un derecho social, que nos asegure no solo la monumentalidad del acontecimiento; es decir, la conmemoración del acto de alcanzar la justicia social por medio de una nueva constitución; sino que en esa elegibilidad, se exija la justiciabilidad de los derechos sociales de naturaleza distributiva, donde ser ciudadano tenga un significado diferente a la pertenencia a una clase social; y donde rija un principio de igualdad que no esté sujeto a reglas del mercado.

*Carolina Ibarra Peña es Profesora de Historia, Geografía y Ciencias Sociales y Magíster en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso; Doctoranda en Historia por la Universidad de Valladolid.

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