Petorca, el epicentro nacional del robo del agua y de la sequía

el-robo-del agua_LJM

Comunas de la región de Valparaíso han sido decretadas por el gobierno como zonas de escasez hídrica. Hace unas semanas, la Presidenta Bachelet anunció la construcción de plantas desaladoras de agua para combatir la sequía en Petorca y La Ligua, junto con millonarias inversiones en otras partes del país. El problema de la sequía ya es un tema nacional, pero ¿qué hay con el tema del robo de agua?

Por Óscar Aspillaga / Fotografía Nelson Campos

Antes de que se tomara conciencia acerca de este problema, Rodrigo Mundaca ya denunciaba lo mal que se están haciendo las cosas en Chile respecto a un derecho humano tan vital como lo es el consumo de agua. Pero, por sobre todo, acusaba un hecho que no se menciona cuando se habla de la sequía y las inversiones para combatirla: el robo de agua.

Ingeniero agrónomo, Mundaca llegó hace 20 años a la provincia de Petorca, específicamente a La Ligua, donde vive en carne propia los efectos de la sequía que golpea con dureza esta zona del país, denominada como el epicentro del robo de agua en Chile.

-¿Por qué hoy existe esta grave situación de sequía en la provincia de Petorca?

-Hay un uso intensivo e irracional del suelo y agua, y una sobre explotación de los medios de cultivos. En los últimos 10 años, el cultivo de paltos creció cinco veces. El río Petorca se declaró agotado en 1997, y se han entregado más derechos de agua que la disponible. Luego se declaró agotado el río Ligua. Lo que agudiza la crisis es que, a partir del 2007, ha habido 37 eventos de temperaturas de menos un grado. Antes caían cerca de 350 mm. de agua y pasamos a 100. Pero la Dirección General de Aguas (DGA) continuó concediendo derechos. En el 2007, los conspicuos políticos y empresarios que llegaron en los 90 a cultivar paltos para la exportación, ponen en práctica la tesis de Maquiavelo de que el fin justifica los medios: agua a cualquier precio.

-¿A qué te refieres con “la tesis de Maquiavelo”?

-El 2007, un número reducido pero selecto de empresarios y políticos como Edmundo Pérez Yoma (ex ministro del Interior), Eduardo Cerda (ex diputado), Marcelo Trivelli (ex intendente de la región Metropolitana), Juan Luis Tagle (empresario agrícola ligado a la UDI), entre otros, con el fin de garantizar el negocio de las paltas de exportación, construyeron drenes y pozos subterráneos para capturar el agua y llevarla de manera impropia a sus explotaciones sin derechos legalmente constituidos. Corrieron los cercos y se apropiaron de las cajas de los ríos. El año 2008, en el teatro de Cabildo, y con todas las autoridades de la región presentes, se denunció a Pérez Yoma y se dijo que hay empresarios que usurpan agua. El 2010, la situación ya es insostenible y organizamos el Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y Protección del Medio Ambiente, MODATIMA, una organización de resistencia que se organiza en función de visibilizar el robo de agua, tomándonos las carreteras y funando a los ladrones. También diseñamos una estrategia para posicionar el tema a nivel nacional, donde la problemática es estructural, instalar la lucha del agua en el Congreso y derogar el Código de Aguas, que se creó en dictadura y que las privatizó.

-¿Cuáles son las pruebas que existen para denunciar este robo de agua?

-En la provincia de Petorca todos hablan de sequía; nosotros hablamos de escasez. Hay fotos, reportajes de Chilevisión, de diarios, etcétera. ¿Cómo se justifica que haya cerros transformados en selvas tropicales, llenos de cultivos, y, por otro lado, suelos secos de pequeños agricultores que perdieron sus plantaciones? Hay una usurpación de agua confirmada por informes técnicos de la DGA. En febrero del 2011, pedimos como MODATIMA que la DGA hiciera fiscalizaciones en los ríos Ligua y Petorca, y se confirmó que hay prácticas impropias de apropiación de agua y que involucraban a Pérez Yoma, Cerda, Trivelli y más. En abril del 2011, asistimos a un debate sobre el Código de Aguas en la Cámara de Diputados, con más de 500 agricultores. De 82 diputados, 81 se mostraron a favor de terminar con la privatización de las aguas, derogar el Código y otros instrumentos que lo permiten, con la sola excepción de Jorge Burgos (actual Ministro de Defensa). Fuimos autores de un proyecto de acuerdo, que se leyó en la sala, que buscaba dotar de más facultades a la DGA para fiscalizar o aumentar la penalidad, revocar los derechos de aprovechamiento provisionales que se dieron después de agotadas las cuencas y formar una comisión investigadora a la que asistimos. La primera conclusión de esa comisión fue que en Chile se roba agua. Luego, aprendimos que las comisiones investigadoras del Congreso no son vinculantes con el poder judicial, son solo testimoniales.

-¿Por qué no se persigue a estas personas si existen las suficientes pruebas?

-En Chile, la tipificación con respecto al robo de agua señala que es una falta administrativa penalizada con 20 UTM. Un huevón que roba agua paga las 20 UTM y puede seguir usurpando. Mientras, los que no tienen plata cagan en bolsas de plástico y se bañan por presas. Hoy se encuentra naturalizado algo que es contranatura: proveer de agua de bebida a la población a través de camiones aljibes.

-¿Cuáles son las consecuencias para la comunidad?

-El año 2013, la Universidad Diego Portales, en su informe anual de derechos humanos, destinó un capítulo al tema del agua y señaló que en Chile el Estado era incapaz de garantizar la provisión de agua potable a su población y señaló al Código de Aguas y la privatización como la principal causa de la situación que se vive en el país. Y dijo que la provincia de Petorca era el epicentro nacional del robo de agua, el ejemplo más paradigmático en materia de violación del derecho humano al agua. Ese mismo año, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, puso en su informe anual al Código de Aguas como responsable de la falta de provisión a propósito de la privatización. Dos instituciones que no se pueden tildar de revoltosas o marxistas, el argumento que han usado los que usurpan agua a propósito de nuestras denuncias.

-¿Cuáles podrían ser las alternativas para solucionar este problema?

-El Código de Aguas de la dictadura, hay que hacerlo mierda. Se encargó de privatizar un bien natural indispensable para la vida de las personas. Chile es el único país del mundo que tiene privatizadas sus fuentes de agua. El año 1997, Eduardo Frei Ruiz Tagle privatizó la provisión del agua potable a la población y conservó el 35% de la propiedad como pública, pero Lagos la terminó de privatizar. Los dueños de Esval, la empresa que provee de agua potable a esta región, son Ontario Teacher Pension Plan, la administradora de fondos de pensiones de los profesores de Ontario, Canadá. El 99% de toda la provisión de agua potable del país se encuentra transnacionalizada. Chile no tiene soberanía sobre el bien más importante para las personas. En este modelo, es mucho más importante proveer de agua a los emprendimientos económicos asociados a la minería, las hidroeléctricas, las forestales y la agroexportación, que darle agua para beber a la población. Es algo demencial. En Chile existe un modelo extractivista de recursos naturales que no se condice con la necesidad de preservarlos.

-¿Cuál ha sido el costo personal que has tenido que enfrentar por denunciar estos hechos?

-En abril de 2012, me entrevistó Tomás Moschiatti en CNN. Hablé sobre la problemática del agua, me preguntó quiénes eran los políticos y empresarios que usurpaban agua en la provincia de Petorca y señalé a los mismos, con los mismos antecedentes que ahora. Esto derivó en una acción judicial de Pérez Yoma, que me tuvo, entre julio del 2012 y agosto del 2014, concurriendo a tribunales distintos: un juicio en La Ligua, por un discurso pronunciado en una plaza pública donde denuncié el robo del agua, un juicio en Quillota, por una entrevista con el diario El Impacto, en julio de 2013, nos abrieron otro juicio en Concepción, siempre Pérez Yoma. Finalmente terminamos condenados en La Ligua con un juicio abreviado simple, donde en abril del 2014 me condenaron a 61 días. Se conmutó y la pena se empezó a ejecutar en noviembre del 2014. Nuestros abogados presentaron una serie de acciones para dejar sin efecto la condena, porque están todos los antecedentes. Janet Roco, jueza de La Ligua, se inhabilitó de procesarme porque ella había infraccionado a la agrícola Cóndor de Pérez Yoma por usurpación de aguas. Sin embargo, igual fui condenado porque en Chile robar agua es una falta administrativa, no un delito. Ilógico.

*Entrevista publicada en La Juguera Magazine nº 10

Comenta desde Facebook

Comentarios