Tania Tamayo, co autora de “El Negocio del agua”: El agua ha sido transada en la bolsa, se vende en millones de dólares

Por Sandra Rojas

“No es sequía, es saqueo”. El lema ha colmado rayados y pancartas en las manifestaciones sociales post estallido en Chile, uno de los pocos países del planeta donde el agua puede ser transada como un bien de consumo. Frente a este crítico panorama, las periodistas Tania Tamayo y Alejandra Carmona realizaron una minuciosa investigación que exhibe antecedentes y efectos de la escasez hídrica que afecta a muchas zonas de nuestro país. 

En El Negocio del Agua: Cómo Chile se convirtió en tierra seca (Ediciones B), denuncian además los conflictos de interés que afectan al actual ministro de Agricultura Antonio Walker, quien habría recibido más de 300 millones de pesos por parte de la Comisión Nacional de Riego.

Conversamos con Tania Tamayo quien presentó recientemente esta crónica  en la 38° Feria Internacional del Libro de Viña del Mar (FIL Viña). Acá explica cómo las comunidades rurales e indígenas se han visto afectadas por la privatización del agua y asegura que la Provincia de Petorca presenta un “panorama desolador”.

¿Cómo surgió esta investigación y cuál es el principal objetivo del libro?

-Esto surgió porque, efectivamente, hay un problema muy grande respecto a la sequía y la crisis hídrica, pero también un tema legal sobre qué sucede con la perpetuidad de los derechos del agua. Por lo mismo, para nosotras era súper importante hacer una línea cronológica en términos de cómo el agua se había ido transformando en un símbolo del país, pasando por las manos de distintos gobiernos, con distintos tipos de códigos, a representar cosas diferentes. Hicimos un análisis con ingenieros agrónomos y abogados, quienes nos ayudaron a armar esta línea de tiempo. Pudimos entrevistar a personas que trabajaron en el Código de Aguas en 1981, accedimos a los manuscritos de la Comisión Nacional de Riego desde 1976,  también a las actas de la junta militar, de la Comisión Ortúzar Luego de eso, trabajamos cronológicamente con las privatizaciones que se hicieron en los gobiernos de Eduardo Frei y Ricardo Lagos y las intenciones que tuvo Michelle Bachelet de hacer reformas. Y a partir de eso, armamos esta gran crónica que nos hace entender por qué estamos donde estamos.

Hace unos días, el Senado rechazó el proyecto de reforma constitucional del agua que buscaba establecerla como un bien nacional de uso público.  Desde el oficialismo, argumentaron que esta negativa se debió a que el agua ya estaría consagrada de esa forma ¿Existe una contradicción entre la Constitución y la práctica?  

-El quinto artículo del Código de Aguas dice que las aguas son bienes nacionales de uso público, pero otorgan a sus particulares el derecho de aprovechamiento de ellas. Luego, en el sexto artículo se agrega que el derecho de aprovechamiento es un derecho real. Sin embargo, allí hicieron un enlace con la Constitución, ya que establece en el artículo 19 número 24 inciso final, que los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos y constituidos en conformidad a la ley, otorgan a sus titulares propiedad sobre ellos. Y en esa frase está todo. 

Siempre van a decir que es un bien nacional de uso público porque lo es en el papel, pero en lo concreto, no lo respetan. El agua ha sido transada en la bolsa, se vende en millones de dólares, hay personas que han sido importantes acumuladores de los derechos de agua, y ya son conocidos por haber inscrito estos de manera gratuita y se los han vendido a las mineras, o a empresas del agro. De hecho, el 90% de los derechos superficiales ya están otorgados y también el 50% de los derechos subterráneos, por lo que al Estado le queda muy poco. 

 ¿En qué aspectos o hechos destacados se puede apreciar el lobby de ciertos partidos y grupos de poder para mantener la calidad del agua como un bien de uso privado?

Son los grupos de poder de siempre, principalmente la derecha, pero también algunos de la Democracia Cristiana, y otros que tienen que ver con la Sociedad Nacional de Agricultura o con la Asociación de Canalistas. Del mismo modo, y me parece muy extraño, hay otros organismos, que tal vez uno puede creer que no están tan ligados al agua, pero que sí han participado, por ejemplo, en insertos en medios de comunicación en donde se han presentado mensajes a no reformar el Código de Aguas. Hace un tiempo, hubo un inserto en 18 medios, en donde se sumaba la Asociación de Bancos, la Asociación Nacional de Minería y  la Cámara Chilena de la Construcción,  apoyados por el ministro de Agricultura, en donde hacían un llamado a no establecer una temporalidad en los derechos del agua, y recomendaban mantener esa perpetuidad. Incluso en las carreteras de nuestro país también se han instalado letreros que probablemente tienen la intención de generar cierto temor en la población para que no apoye esta reforma al código.

En el libro se publican los conflictos de interés del actual ministro de Agricultura, Antonio Walker, sin embargo, él ha salido al paso diciendo estar frente a una campaña de “desinformación y desprestigio”, y aclara poseer derechos por menos de un 1% de lo que se le acusa. ¿Qué significan esas declaraciones? ¿Saldan en algo su conflicto de interés?

Hubo una confusión, ya que, efectivamente, se dice que tiene derechos por 29 mil litros, pero parte de eso tiene que ver con su hermano, Pedro, que tiene una hidroeléctrica en Aysén. Sin embargo,  lo que nosotros decimos es que, más allá de sus derechos de agua, nos parece igualmente delicado y que constituye un conflicto de interés, que él haya recibido grandes montos de dinero por parte de la Comisión Nacional de Riego hasta 2014, donde obtuvo más de 300.000 millones. Más que establecer un acto de corrupción, nos parece que hay un tema ético, porque no solo él opina permanentemente respecto a la perpetuidad de los derechos de agua, siendo titular de derechos de agua, sino que, además, como empresario ha recibido por parte del Estado grandes cantidades de dinero. Más allá de lo que él diga respecto a sus derechos, es importante establecer que sí hay conflictos de interés en varias líneas.

Pensando en el plebiscito de abril y en la probable redacción de una nueva Carta Magna, ¿de qué forma debería abordarse el agua en esta Constitución? ¿Cuáles son los cambios esenciales que necesitamos para hoy?

Hay muchas organizaciones que están trabajando en torno a esto como Modatima, Defensoría Fima, Defensoría Ambiental o Chile Sustentable.  Todas ellas han llevado una batalla muy importante, incluso en el Congreso, y han establecido un orden en donde prevalecen elementos como la discriminación positiva que debiese existir para comunidades rurales o indígenas, el respeto al caudal ecológico y también la priorización de uso que debiese comenzar con la subsistencia y de ahí hacia abajo entendiendo el lucro como uno de los espacios menos importantes.

 En el caso en específico de Petorca en la Región de Valparaíso, ¿cómo impacta el extractivismo en el tejido social?

Lo de Petorca es profundamente simbólico porque desde el paisaje uno ve la diferencia entre espacios y zonas completamente secas y otras verdes, que se relaciona también con esas plantaciones de palto a gran escala. Lo que pudimos observar es que los niños no tienen donde recrearse en el verano, no tienen un río o esteros. De hecho, hay una sola piscina que se abastece con agua de un río, y ese es el único lugar en donde las personas pueden distraerse en el verano. El espacio es completamente seco y, además, se abastecen de las agrupaciones de agua potable rural que, si bien es cierto son una hermosa organización, no es lo que corresponde, pues el Estado y la sanitaria deberían operar ahí. Petorca presenta un paisaje desolador. 

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