Aborto: El derecho a decidir en paz

Afiche callejero

Por Francisca Mayorga

“Abortar nunca es una decisión fácil. El aborto es una opción que toman las compañeras porque no pueden tener hijos, o porque no lo desean. Y la maternidad es un asunto tan importante que no puede ser una cuestión impuesta. Tiene que ser en plena decisión y consciencia”.

Cuando en la plaza Victoria miles de personas se preparaban para marchar por el aborto en Valparaíso –hace poco más de dos meses–, Pamela Contreras, de la Coordinadora Ni Una Menos, explicaba a los medios el sentido de la manifestación.  

Luego de la efervescencia que causó la discusión legislativa en Argentina por el aborto legal, las feministas chilenas, aquí, al otro lado de la Cordillera, levantaban con más fuerza la idea de legalizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación.

O al menos ese es el consenso.

Precisamente, aquel 25 de julio la bancada feminista de la Cámara de Diputados presentó en el Congreso un proyecto de ley para despenalizar el aborto y “evitar que las mujeres mueran por no atreverse a acudir a hospital”.

En el Congreso, donde solo el 21% de nuestros representantes son mujeres, 11 parlamentarias abogan por eliminar la pena de cárcel para las mujeres que interrumpan su embarazo hasta la semana 14, cuando el embrión todavía no desarrolla por completo su sistema nervioso central.

Hasta ese momento, el feto no es capaz de percibir estímulos sensoriales porque no tiene neuronas al interior de su cerebro. Los científicos, incluso, lo consideran “un órgano multicecular con vida” hasta la semana 30. Recién pasados los 7 meses y medio lo considerando un ser humano propiamente tal.

El mansplaining

Cuando reporteaba para la Valentín Letelier le pregunté al diputado Marcelo Díaz si estaba a favor del proyecto presentado por las parlamentarias.

-Claro que sí, respondió, mientras sacaba con orgullo la pañoleta verde del bolsillo de su chaqueta.

-¿Hasta qué semana?, quise profundizar.

-Hasta la semana 4, contestó vacilando, como tanteando el terreno.

No conoce el proyecto, pensé, y luego consulté lo mismo al senador Francisco Chahuán.

Claro que dijo que no, que respetaba la vida desde la concepción hasta la muerte natural.

-Además el aborto no representa un problema de salud pública, remató.

-¿Y las mujeres que mueren abortando ilegalmente?, ¿no son acaso un problema de salud pública?, inquirí.

Y volvió a decir que no, que me faltaba información, que él me la podía enviar y que me quitara la ideología de encima si quería ser periodista.

Según indica la Organización Mundial de la Salud, “cada año se producen 22 millones de abortos inseguros” en países en vías de desarrollo –como Chile-, de los cuales 47.000 concluyen con la muerte de mujeres debido a las complicaciones que enfrentan durante los procedimientos.  

En los países con pocas restricciones para abortar sin riesgos, por el contrario, las enfermedades y los decesos por abortar se reducen drásticamente.

La realidad de Chile

Al menos en nuestro país las mujeres abortan sobre todo con pastillas. Es más fácil –y mucho más barato– comprar en el mercado negro que someterse a un tratamiento quirúrgico.

El valor del misopostrol fluctúa entre los 40 y los 200 mil pesos. Son 12 pastillas, dosificadas en 3 dosis de 4, que se toman cada tres o cuatro horas dependiendo de la indicación del médico, partera o amiga de confianza que asista durante el proceso. Después de ese lapso, el medicamento genera una serie de contracciones, de un dolor similar al de una regla fuerte, que finalmente desencadena el aborto.

El tratamiento con medicamentos disminuye los riesgos, sí, pero las mujeres nunca tienen la certeza de si lo que están tomando interrumpirá efectivamente el embarazo, o si morirán desangradas en un hospital escondiendo su decisión detrás de la frase “aborto espontáneo”.

Porque si hablan de ello se pueden ir presas.

A la cárcel por abortar

El Código Penal, en su artículo 344, establece con claridad: “La mujer que, fuera de los casos permitidos por la ley, causare su aborto o consintiere que otra persona se lo cause, será castigada con presidio menor en su grado máximo”, es decir, con hasta 5 años y un día de cárcel.

Lo que proponen las diputadas feministas en el proyecto de ley es finalizar dicho artículo con la frase “después de las catorce semanas de gestación”, eximiendo de cárcel a las mujeres  sorprendidas abortando clandestinamente.

Las parlamentarias no están solicitando ni el aborto libre, que aplicaría en cualquier momento del embarazo, ni el financiamiento de parte del Estado. Solo plantean que las mujeres no se vayan presas por el solo hecho de no querer ser madres.

Mientras en el Congreso la bancada feminista espera que se apruebe la idea de legislar el proyecto –sin veto presidencial de por medio–, miles de mujeres siguen apelando a la idea de poder decidir sobre nuestros cuerpos, sin la “dictadura moral de la Iglesia” de por medio.

En el Congreso, al menos, la discusión ya está instalada.

 

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